El año del naufragio
por Daniel Merolla
El modelo de tipo de cambio fijo, con privatizaciones y apertura comercial sin control, estalló en mil pedazos en 2001, en la mayor crisis económica y política de la historia argentina que desató una rebelión popular y la caída del gobierno conservador de Fernando de la Rúa.
Más de 40 personas murieron asesinadas en las calles por las balas policiales en medio del caos y el vacío de poder. Una ola de saqueos de desocupados que se lanzaban a los supermercados para llevarse alimentos aterrorizaba a la población.
Centenares de miles de ahorristas reclamaban a gritos y cacerolazos la devolución de su dinero bloqueado en las cuentas de los bancos.
Millones de trabajadores y jubilados vieron derrumbarse sus ingresos, en medio de una recesión que se había iniciado en el gobierno del peronista de derecha Carlos Menem (1989-99).
En medio del incendio, De la Rúa no tuvo mejor idea que decretar el estado de sitio el 19 de diciembre. Fue como echar más leña al fuego.
"La reacción popular no se hizo esperar. Miles de personas comenzaron a salir a las calles de las principales ciudades haciendo sonar sus cacerolas", recordó Felipe Pigna, el historiador de mayor presencia mediática en los últimos 30 años.
El presidente, líder de un sector conservador de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR), tuvo que escapar en helicóptero de la casa de gobierno, rodeada por los manifestantes. Había firmado su renuncia. Era el 20 de diciembre de aquel año.
"De la Rúa abandonó el barco en medio de una crisis inédita, que tuvo un enorme costo social: desde el congelamiento de los depósitos (llamado 'corralito'), aumento geométrico de la pobreza (57%) y el desempleo (18%), enormes pérdidas de ingreso y transferencias desde los más pobres a los más ricos, con millones de damnificados, de la devaluación", dijo a la AFP Pablo Tigani, Master en Política Económica Internacional y profesor en universidades privadas y públicas.
El mandatario se marchó en forma humillante y precipitada. Dejaba a sus espaldas una Plaza de Mayo ensangrentada por la represión.
La deuda pública era impagable. El efímero sucesor nombrado por el Congreso, el peronista de derecha Adolfo Rodríguez Saá, declaró el default de 100.000 millones de dólares, el más grande de la historia.
Duró una semana en el poder y lo sucedió otro peronista, Eduardo Duhalde (2002-2003), designado en acuerdo con la UCR. En menos de un año, la economía se reactivó.
Pero el crimen de dos manifestantes por balas policiales lo persuadió de llamar a elecciones. Menem buscaba otra reelección pero no se presentó al balotaje y se consagró presidente al peronista de tendencia progresista Néstor Kirchner (2003-2007).
Se iniciaba una era que continuó con dos presidencias su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. En 2006, Kirchner canceló toda la deuda con el FMI de un sólo pago de 9.500 millones de dólares.
La deuda con los privados fue reestructurada con apoyo del 93% de los acreedores. Pero el 7%, los llamados 'fondos buitres' (ultraespeculativos), recién consiguieron que les pagarán con ganancias de más de 1.000% en el gobierno del liberal de derecha Mauricio Macri (2015-2019).
Macri tomó deuda de privados por casi 100.000 millones de dólares. Cuando los mercados le cerraron la puerta temerosos de otro impago, consiguió del FMI el mayor préstamo a un país en la historia: 57.000 millones de dólares.
Ahora, otro presidente peronista, el peronista progresista Alberto Fernández, con el mandato a medio término, logró de nuevo refinanciar la deuda con bancos y fondos de inversión.
Su mayor desafío es acordar con el FMI un acuerdo sostenible por los 45.000 millones de dólares desembolsados a Argentina.
Macri había firmado que el país devolvería 40.000 millones de dólares entre 2022 y 2023. Fernández afirma que no hay ni un dólar disponible para semejantes pagos.
La única salida es un plazo de gracia, aún no conseguido, pese a que el FMI violó su estatuto al prestar dinero para la fuga de capitales de bancos comerciales, como acaba de confesar en público Macri.
De la Rúa había llegado al poder en 1999 como alternativa a la administración Menem, inspirada en el Consenso de Washington, con el ministro de Economía Domingo Cavallo con superpoderes.
De la Rúa también le entregó a Cavallo el timón del país. La convertibilidad, aquella ficción financiera de un dólar igual a un peso, había servido para salir de la hiperinflación de más de 3.000% anual que aniquiló al gobierno radical socialdemócrata de Raúl Alfonsín (1983-99).
El modelo de Menem y Cavallo se había agotado y sólo quedaba plantarle la lápida. La deuda acumulada con el llamado "festival de bonos" de Cavallo le explotó en las manos a De la Rúa.
Con el regreso de Cavallo, "se creyó que delegarle superpodeses a un economista reputado con formación técnica y orientación neoliberal podía ser un camino de resolución de la crisis económica", Tigani.
"Pero sucedió todo lo contrario: se profundizó el conflicto interno en el gobierno, el gobierno se despolitizó, y se agotaron sus escasos recursos de credibilidad y legitimidad", dijo Tigani.
Con De la Rúa, "los grandes grupos económicos, los bancos privados nacionales y extranjeros y los particulares, dueños de cuantiosas fortunas, comenzaron a fugar miles de millones de dólares a sus cuentas en el exterior.
"Con la excusa de frenar la escandalosa fuga de capitales que ya se había completado meses antes, el 30 de noviembre el gobierno intervino para salvar a los bancos congelando todos las cuentas corrientes, las cajas de ahorro y los depósitos a plazo fijo, impidiendo que los ahorristas recuperaran su dinero y permitiendo un retiro de sólo 250 pesos por semana", dijo Pigna.
"La medida afectó particularmente a los pequeños y medianos ahorristas y a los trabajadores. La situación se tornó explosiva", dijo el profesor de historia.
dm
