Argentina bajo fuego cruzado de corporaciones financieras por la deuda

por Daniel Merolla

Un golpe internacional para dañar la imagen del gobierno peronista de Alberto Fernández está en preparación para el viernes 22 de mayo. Apoyados mediáticamente,  grupos de acreedores intentarán debilitar a Fernández con declaraciones de default generalizado que no son tales. Una maniobra para acorralar al país, que por si fuera poco está sometido al efecto brutalmente recesivo del confinamiento por la pandemia del coronavirus y la desesperación de millones de argentinos que ven esfumarse sus ingresos.

Un 90% de los hogares argentinos tiene al menos una persona que está subsidiada por el Estado en la emergencia. Una situación jamás vista en la historia. Pero el poder financiero es implacable.

El gobierno ha logrado encarrilar su negociación con acreedores externos para un canje de 66.000 millones de dólares de la deuda, pese a que este viernes dejará caer en default a tres bonos globales con un impago por 500 millones de dólares.

"El 22 (de mayo) es anecdótico. Estamos en un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo", anticipó el ministro de Economía, Martín Guzmán, al responder en teleconferencia a preguntas de empresarios estadounidenses con capitales radicados en el país sudamericano.

Guzmán hizo transparente con esta declaración la certeza que existía en los mercados sobre una segunda prórroga del plazo puesto a los bonistas para reestructurar la deuda bajo legislación extranjera, después de la que venció el 8 de mayo.

Los títulos que quedarán en mora son los nominados 2021, 2026 y 2046 emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), con una tasa de interés anual de 7,5%.

"Nos están cobrando intereses que el mundo no paga hoy. Estamos proponiendo el canje porque es lo que podemos, no estamos regateando", había señalado el presidente Alberto Fernández.

- Tres años sin pagar -

Argentina propuso a los fondos de inversión un plazo de gracia de tres años y sendas quitas, de un 5,4% en el capital, y de 62% en los intereses, con una tasa promedio de 2,25% para nuevos bonos a madurar entre 2030 y 2047.

Los tres grandes grupos en que están divididos los acreedores le dijeron que no. Pero Guzmán admitió que las contraofertas de los financistas "acercan posiciones".

En sus contrapropuestas reclaman mayor pago de intereses, sin quita de capital, y plazo de gracia de sólo un año.

"Somos flexibles a ideas diferentes que sean consistentes y busquen recuperar la sostenibilidad de la deuda", dijo Guzmán”.

La palabra sostenibilidad ha sido la clave. Es el término que usa el Fondo Monetario Internacionalo (FMI) al afirmar que, así como, está la deuda argentina es insostenible.

 Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, dijo que "Argentina quiere hacer lo correcto por su propia gente. Tuvo una actitud responsable".

 "Estamos muy interesados en apoyar a Argentina en su lucha contra la doble crisis; la del coronavirus (unos 8.000 contagiados y casi 400 muertes) y el problema de la sostenibilidad de la deuda, claramente bastante grave", declaró Georgieva.

 A la Argentina no le han faltado respaldos en su puja con los fondos, entre ellos 135 prestigiosos economistas de todo el mundo, encabezados por los Premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Edmund Phelps.

 "Una quita de deuda sostenible sentará un precedente positivo, no sólo para Argentina, sino para el sistema financiero internacional", escribieron en una declaración.

 Pero a los fondos de inversión, entre ellos los poderosos BlackRock, Ashmore y Fidelity, los apuntala el poder de su propio capital. Las corporaciones financieras representan un tercio de la economía de Estados Unidos.

 En la teleconferencia, Guzmán escuchó al CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Alejandro Díaz, señalar su “fuerte respaldo” a la renegociación que procura restaurar la sostenibilidad de la deuda.

 - Default selectivo -

 Argentina puede entrar este viernes en "un default selectivo o técnico", como suelen denominarlo las calificadoras internacionales de riesgo crediticio, según indicó a la AFP una alta fuente del gobierno que pidió anonimato.

 ¿Por qué no habrá consecuencias serias tras el default?  El gobierno considera que los acreedores "aceptarán seguir negociando de buena fe y de mutuo acuerdo", agregó la fuente.

 De lo contrario, podrían quedar habilitados para pedir la aplicación ante un juez en EEUU la llamada "cláusula de aceleración" que por considerar por extensión a toda la deuda en default, se reclama el pago anticipado de capital e intereses.

 Nadie parece querer semejante escenario. La imagen del gobierno quedaría dañada, aunque renuncia a tomar más deuda que no podría pagar bajo ningún aspecto, según lo anticipó Fernández en su discurso ante el Congreso el 1 de marzo.

 Pero también significaría para los bonistas entrar en un conflicto judicial de largo aliento con bonos 'basura' en sus carteras.

 El recurso del juez suele ser usado sólo por los fondos conocidos en los mercados como "buitres". La jugada les salió redonda en 2014 con un fallo a su favor y el pago 'cash' por 11.0000 millones de dólares que hizo  Macri en 2016.

 La Argentina declaró una vez el default más grande de la historia, en 2001, por 100.000 millones de dólares, al colapsar el modelo de convertibilidad de los gobiernos derechistas de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001).

 Si el país consigue salir del nuevo atolladero, con su economía maltrecha, deberá enfrentar en 2022 los primeros grandes pagos de la deuda con el FMI, que suma 44.000 millones de dólares.