Ex juez Garzón en campaña por una condena al crimen económico
por Daniel Merolla
Las dictaduras que asolaron Latinoamérica se articularon con las grandes corporaciones que sacaron dividendos políticos, sociales, sindicales y económicos de las masacres. Un plan económico también puede ser genocida, y más dañina que un represor. Destruir o dañar el medioambiente también es un asesinato contra los pueblos, contra sus bienes, sus riquezas, sus territorios.
En el Teatro Cervantes, el bello edificio cuya fachada imita la del Colegio Mayor de Alcalá de Henares, la ciudad del autor del Quijote, cerca de Madrid, el exmagistrado y político Baltasar Garzón dio otro paso en su cruzada. Dijo que una política económica que cause estragos sociales debe someterse a la justicia universal, como un crimen de lesa humanidad.
Al congreso de la Jurisdicción Universal, cuya Fundación preside, se pudo ver y oír por videoconferencia en Buenos Aires al cofundador de WikiLeaks, el exiliado político Julián Assange. El australiano criticó con dureza la geopolítica comercial de EEUU.
"Hemos logrado definir la justicia universal para crímenes de lesa humanidad y de guerra. Ahora queremos avanzar para que se juzguen las agresiones económicas a pueblos enteros y a sus ecosistemas", dijo Garzón, al inaugurar el Congreso.
Garzón es el magistrado que logró el arresto del fallecido exdictador chileno Augusto Pinochet (1973-90) en Londres, en 1998, por crímenes de lesa humanidad.
"Estados Unidos abandona a la Organización Mundial de Comercio. Busca armar un nuevo bloque con otras leyes de comercio, finanzas, transporte, etc, sin contemplar la noción de derechos humanos", dijo en videconferencia el australiano Assange que reveló al mundo comprometedores cables diplomáticos secretos.
En la amplia sala del Cervantes casi colmada con un millar de juristas, activistas y funcionarios, Assange dijo desde una gran pantalla que la iniciativa de EEUU es "el mayor juego geopolítico del mundo, una reestructuración sin los valores de los derechos humanos".
Garzón dijo que "ni siquiera es considerado un ilícito que un pueblo esté en manos de especuladores financieros". Entre los invitados están los premio Nobel de la Paz, el argentino Héctor Sëjenovich (compartido) y la guatemalteca Rigoberta Menchú. Asiste la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
"Estamos viviendo crisis humanitarias tremendas", dijo el exjuez de la Audiencia Nacional española.
Assange, asilado político en la embajada de Ecuador en Londres, teme ser extraditado a EEUU, donde podría ser condenado a muerte por presuntos cargos de espionaje y conspiración.
- Crisis humanitaria -
El brasileño Paulo Abrao, presidente del Instituto de Derechos Humanos del Mercosur, dijo que la crisis de migración en Europa "puede representar un grave retroceso en las conquistas logradas en muchos años". "Es un grave conflicto que amenaza los derechos humanos", apuntó.
Garzón dijo en declaraciones a la AFP publicadas en portales de internet que "es evidente el fracaso de la política migratoria de Europa. Y la solución no debe ser militar nunca, es atender al fondo del problema".
"¿Con qué derecho sufrimos esas corrientes migratorias de los que vienen de un conflicto que ha sido armado por Occidente, por la ineficacia de Estados Unidos y la Unión Europea (UE)?", advirtió el exmagistrado, impulsor del fuero universal en casos de negación de justicia en un país por violaciones a los derechos humanos.
Italia, Grecia y últimamente Hungría están desbordados por la llegada masiva de migrantes. Llueven las solicitudes de asilo, en medio de caóticas escenas en fronteras, estaciones de transporte y centros de refugiados.
La Comisión Europea llamó a sus países el miércoles a repartirse unos 160.000 refugiados, frente al desastre humanitario en naciones como Siria, Afganistán e Irak, entre otras.
Conflicto colombo-venezolano -
Otra crisis sufren miles de pobladores por el conflicto migratorio entre Colombia y Venezuela. La solución podría ser su "tratamiento en la Corte Internacional de Justicia (CIJ)" de la ONU, dijo Garzón.
"O hay una solución por el diálogo o por la justicia internacional", afirmó el magistrado.
Garzón dijo que "hay personas vulnerables, menores de edad o mayores, que se ven privadas de sus derechos de asistencia. Es algo inaceptable".
"No me parece adecuado que el caso vaya a la Corte Penal Internacional (CPI, casos criminales). Sí, me parece, que puede ir a la CIJ, como una opinión consultiva en Naciones Unidas. Es lo más rápido", apuntó Garzón, asesor del gobierno colombiano en temas jurídicos.
Unos 20.000 colombianos están afectados por la crisis fronteriza con Venezuela, con casi 1.500 deportados y más de 18.000 que huyeron por temor a ser expulsados, según la ONU. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha denunciado las deportaciones.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha desplegado miles de efectivos militares y cerrado pasos fronterizos, con el argumento de combatir el contrabando en el que estarían implicados paramilitares colombianos que buscan desestabilizar su gobierno.
Garzón es el magistrado que logró el arresto del fallecido exdictador chileno Augusto Pinochet (1973-90) en Londres, en 1998, por crímenes de lesa humanidad.
"Estados Unidos abandona a la Organización Mundial de Comercio. Busca armar un nuevo bloque con otras leyes de comercio, finanzas, transporte, etc, sin contemplar la noción de derechos humanos", dijo en videconferencia el australiano Assange que reveló al mundo comprometedores cables diplomáticos secretos.
En la amplia sala del Cervantes casi colmada con un millar de juristas, activistas y funcionarios, Assange dijo desde una gran pantalla que la iniciativa de EEUU es "el mayor juego geopolítico del mundo, una reestructuración sin los valores de los derechos humanos".
Garzón dijo que "ni siquiera es considerado un ilícito que un pueblo esté en manos de especuladores financieros". Entre los invitados están los premio Nobel de la Paz, el argentino Héctor Sëjenovich (compartido) y la guatemalteca Rigoberta Menchú. Asiste la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
"Estamos viviendo crisis humanitarias tremendas", dijo el exjuez de la Audiencia Nacional española.
Assange, asilado político en la embajada de Ecuador en Londres, teme ser extraditado a EEUU, donde podría ser condenado a muerte por presuntos cargos de espionaje y conspiración.
- Crisis humanitaria -
El brasileño Paulo Abrao, presidente del Instituto de Derechos Humanos del Mercosur, dijo que la crisis de migración en Europa "puede representar un grave retroceso en las conquistas logradas en muchos años". "Es un grave conflicto que amenaza los derechos humanos", apuntó.
Garzón dijo en declaraciones a la AFP publicadas en portales de internet que "es evidente el fracaso de la política migratoria de Europa. Y la solución no debe ser militar nunca, es atender al fondo del problema".
"¿Con qué derecho sufrimos esas corrientes migratorias de los que vienen de un conflicto que ha sido armado por Occidente, por la ineficacia de Estados Unidos y la Unión Europea (UE)?", advirtió el exmagistrado, impulsor del fuero universal en casos de negación de justicia en un país por violaciones a los derechos humanos.
Italia, Grecia y últimamente Hungría están desbordados por la llegada masiva de migrantes. Llueven las solicitudes de asilo, en medio de caóticas escenas en fronteras, estaciones de transporte y centros de refugiados.
La Comisión Europea llamó a sus países el miércoles a repartirse unos 160.000 refugiados, frente al desastre humanitario en naciones como Siria, Afganistán e Irak, entre otras.
Conflicto colombo-venezolano -
Otra crisis sufren miles de pobladores por el conflicto migratorio entre Colombia y Venezuela. La solución podría ser su "tratamiento en la Corte Internacional de Justicia (CIJ)" de la ONU, dijo Garzón.
"O hay una solución por el diálogo o por la justicia internacional", afirmó el magistrado.
Garzón dijo que "hay personas vulnerables, menores de edad o mayores, que se ven privadas de sus derechos de asistencia. Es algo inaceptable".
"No me parece adecuado que el caso vaya a la Corte Penal Internacional (CPI, casos criminales). Sí, me parece, que puede ir a la CIJ, como una opinión consultiva en Naciones Unidas. Es lo más rápido", apuntó Garzón, asesor del gobierno colombiano en temas jurídicos.
Unos 20.000 colombianos están afectados por la crisis fronteriza con Venezuela, con casi 1.500 deportados y más de 18.000 que huyeron por temor a ser expulsados, según la ONU. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha denunciado las deportaciones.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha desplegado miles de efectivos militares y cerrado pasos fronterizos, con el argumento de combatir el contrabando en el que estarían implicados paramilitares colombianos que buscan desestabilizar su gobierno.
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